A continuación presentamos un resumen del Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0135, con las obligaciones de los empleadores públicos y privados:

Objeto: Normar el registro, aprobación y reporte de obligaciones laborales, a través de la página web del Ministerio del Trabajo (MT) respecto de los siguientes temas:

a. Información de contratos:

Dentro de los 30 días laborables posteriores a la fecha de ingreso del trabajador. El empleador debe contar con los datos de todos sus trabajadores activos, incluyendo la información de las personas con discapacidad, sustitutos; y, las personas que tengan a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa;

b. Actas de finiquito por terminación de la relación laboral:

• plazo 15 días contados desde la terminación de la relación laboral en los casos de desahucio o terminación de la relación laboral de mutuo acuerdo;

• En los demás casos, el plazo es de 30 días contados desde la terminación de la relación laboral;

• Si el ex trabajador no acude a cobrar su liquidación o se niega a recibirla, el empleador deberá consignar los valores en un plazo máximo de 15 días contados a partir del vencimiento del plazo para el registro de las actas de finiquito, debiendo seguir el siguiente procedimiento:

• Generar el acta de finiquito a través de la página web del MT;
• Acudir ante un Inspector de Trabajo, quien revisará el acta y autorizará el depósito a la cuenta del MT; y,
• Cargar el comprobante de pago en la página web del

c. Cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las personas con discapacidad:

Las empresas que tengan más de 25 trabajadores, deberán contar con al menos 4% de trabajadores con discapacidad;

d. Registro de información de personas con discapacidad, sus sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa.

Las resoluciones de trabajadores sustitutos emitidas antes de la vigencia de este Acuerdo mantendrán su vigencia por el tiempo que dure la relación laboral y mientras cumplan con los requisitos que establece la Ley Orgánica de Discapacidades.

e. Seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos.

Las obligaciones del empleador son:

• Designar los responsables y recursos materiales y humanos para realizar la gestión de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos;
• Planificar las acciones para la aplicación de la normativa vigente;
• Ejecución y gestión conforme a lo declarado y reportado;
• Difunsión al personal a su cargo;
• Mantener actualizado el archivo con los documentos que sustenten lo registrado, aprobado y reportado en la página web del MT.

Los empleadores que a la presente fecha tengan registrado y aprobado el reglamento de higiene y seguridad del trabajo a través del Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo—SAITE y que se encuentren vigentes, deberán actualizar la información conforme al presente Acuerdo Ministerial, hasta el 31 de diciembre de 2017.

f. Reglamento interno de trabajo

Todo empleador que cuente con más de 10 trabajadores deberá elaborar y registrar en la página web del MT, el Reglamento Interno de trabajo, de forma obligatoria, en un plazo máximo de 15 días, a partir de la expedición del presente Acuerdo Ministerial.

Multas por incumplimiento de las obligaciones o plazos:

El MT podrá imponer multas por cada trabajador no registrado en la página web del MT, sin que la suma de las mismas supere los 20 SBU (US$ 7.500);

-­‐ Por falta de registro de las actas de finiquito o pago de los valores, el MT notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en 5 días desvirtue la infracción; caso contrario, se emitirá la Resolución sancionatoria estableciendo una multa de US$200. La multa se impondrá por cada acta de finiquito no  registrada, sin que la suma de las mismas en cada proceso sancionatorio pueda superar los 20 SBU (US$7.500). El pago de la multa no exime al empleador de cumplir con el registro del acta de finiquito y pago de los valores establecidos, lo que deberá efectuarse en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la Resolución sancionatoria, pudiendo ser sancionado, siguiendo el mismo proceso, hasta que cumpla con su obligación.

Por incumplimiento en el porcentaje de inclusión de trabajadores con discapacidad,  la multa es de 10 a 15 SBU (US$ 3.750 a US$ 5.625) y/o suspensión de actividades hasta por 30 días;

-­‐ Por incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos, las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público notificarán al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de 5 días contados desde su notificación desvirtuen el incumplimiento, caso contrario el MT impondrá al empleador una multa equivalente a US$ 200 por cada trabajador; hasta un máximo de 20 SBU (US$7.500). El inspector del trabajo que hubiere determinado el incumplimiento deberá solicitar un informe técnico previo a la determinación de la multa, a la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, en el que se podrá recomendar como medida preventiva la suspensión de actividades y/o el cierre de lugares o medios colectivos de labor de manera provisional, por el período de tiempo que se estime conveniente, en los que se atentare o afectare a la salud seguridad e higiene de los trabajadores.

-­‐ Por falta de registro del Reglamento Interno, el MT notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en 5 días desvirtue la infracción, caso contrario se emitirá la Resolución sancionatoria estableciendo una multa equivalente a US$200. El pago de la multa no exime al empleador de cumplir con el registro del Reglamento Interno, en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de la Resolución sancionatoria.

Obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión de riesgos: El empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto de los siguientes temas:

1. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
2. Mediciones
3. Identificación y evaluación de riesgos laborales
4. Planes de Seguridad, Higiene, Salud ocupacional. Emergencia, Contingencia, otros
5. Planos
6. Programas
7. Reglamento de Higiene y Seguridad
8. Responsables de seguridad e higiene
9. Organismos paritarios
10. Unidad de seguridad e higiene
11. Vigilancia de la salud
12. Servicio médico de empresa
13. Brigadas
14. Simulacros
15. Matriz de Recursos
16. Formación y capacitación del personal en prevención de riesgos laborales
17. Adecuación de los puestos para personas con discapacidad
18. Medidas de seguridad, higiene y prevención
19. Otros que fueran definidos por la autoridad laboral en base a la normativa legal en la

El MT emitirá progresivamente los instructivos y/o manuales para establecer los procedimientos y plazos para el registro, aprobación, notificación y/o reporte de las obligaciones antes detalladas. Los formatos estandarizados, guías e instructivos, en materia de seguridad y salud en el trabajo se encontrarán en la página web del MT.

Control: Los Inspectores de Trabajo realizarán el control del cumplimiento de las obligaciones laborales.

Fecha de vigencia de este Acuerdo Ministerial: 29 de agosto de 2017.

Fecha de publicación en el Registro Oficial: 20 de octubre de 2017.

Publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 179 de 9 de febrero de 2018.

Las compañías constituidas y domiciliadas en el extranjero pueden ahora cambiar su domicilio al Ecuador. Para ello deberán cancelar la sociedad en el extranjero y formalizar su domiciliación mediante el cumplimiento de lo siguiente:

Registro electrónico previo

Se registrará a la compañía extranjera en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante la Superintendencia) con las siglas “CEN”.

Requisitos de la Solicitud

Junto a la solicitud se presentarán ante la Superintendencia tres ejemplares de la escritura pública otorgada en el Ecuador o ante cónsul ecuatoriano en el extranjero (al que deben comparecer el representante legal de la compañía extranjera, y los socios o accionistas) que contendrá lo siguiente:

1. El acta de la Junta General de socios o accionistas o del órgano supremo de la sociedad extranjera en que expresamente se hayan aprobado los siguientes puntos:
   1. El traslado del domicilio social al territorio ecuatoriano y la ciudad del Ecuador donde va a tener su domicilio principal;
   2. El estado de situación financiera;
   3. La forma societaria escogida conforme a la legislación ecuatoriana;
   4. La adecuación del pacto social y de los estatutos de conformidad con el tipo de compañía seleccionada;
   5. El capital social con la expresión del número de participaciones o acciones en que estuviere dividido, su valor nominal, y la indicación del número de participaciones o acciones que corresponden a cada socio o accionista;
   6. La designación de la persona autorizada para realizar los trámites de domiciliación de la compañía extranjera en el Ecuador; y,
   7. La decisión de solicitar a la institución correspondiente en el país de origen la cancelación de la inscripción de la compañía.
2. El texto del estatuto conocido y aprobado por la junta general de socios o accionistas; y,
3. En caso de que la compañía tuviere como socios o accionistas sociedades extranjeras, se deberá presentar lo siguiente de éstas sociedades: certificado de existencia legal y la lista de sus accionistas.

Resolución

La Superintendencia emitirá una resolución aprobando el cambio de domicilio y dispondrá: (a) su inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad donde tendrá su domicilio la compañía; (b) la anotación del contenido de la resolución al margen de la matriz en la Notaría en donde se otorgó la escritura pública que se aprueba; (c) la publicación de un extracto de la resolución en el portal web de la Superintendencia; y, (d) disponer que en el término de 30 días prorrogables presente el certificado de cancelación o extinción de la sociedad extranjera.

Cumplido lo anterior, se podrá obtener el número de Registro Único de Contribuyentes con lo que finalizará el trámite.

Certificado de cancelación

En caso de falta de presentación del certificado de cancelación o extinción de la sociedad extranjera en el país de origen, o si el certificado presentado tuviere fecha anterior a la fecha en que fuere emitida la resolución, la Superintendencia resolverá la extinción de dicha resolución y dispondrá al Registrador Mercantil la cancelación de la inscripción.

Control

La compañía deberá presentar en el plazo de 30 días posteriores a la inscripción de la domiciliación en el Registro Mercantil los documentos que justifiquen la correcta integración del capital social, esto es: estado de situación financiera inicial, comprobante de depósito y asiento de diario en la modalidad prevista para el efecto.

Existencia previa de Sucursal

En caso de que una compañía que resolviere cambiar su domicilio social al Ecuador tuviere una sucursal en el país, la Superintendencia dispondrá la cancelación del permiso de operación concedido a la compañía extranjera al tiempo de aprobar el cambio de domicilio al Ecuador. La compañía extranjera nacionalizada se hará responsable de las obligaciones adquiridas con anterioridad por la sucursal cuyo permiso de operación se haya cancelado.

En el Registro Oficial Suplemento 175 de 5 de febrero de 2018, se publicó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conoce sus principales efectos en el campo laboral-privado:

• Se reconocen y protegen los siguientes derechos laborales para las mujeres:

1. Reconocimiento de derechos laborales, igualdad salarial sin discriminación, evitación de abandono laboral por causas de violencia.
2. Respeto de la permanencia y condiciones generales de trabajo, incluyendo maternidad y lactancia.
3. No explotación y protección en caso de desconocimiento de beneficios laborales.
4. No sanciones ni despidos laborales por ausencia o incapacidad a causa de su condición de victima de violencia.

• La violencia en el ámbito laboral debe entenderse como la ejecutada por personas que tienen un vínculo de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica.

• Percibir un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo es considerado un acto de violencia económica y patrimonial.

• El empleador deberá conceder a las trabajadoras víctimas de violencia de género, el tiempo necesario para tramitar medidas administrativas o judiciales, sin que se afecte su remuneración o vacaciones.

• Los Tenientes Políticos y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos pueden disponer la flexibilidad o reducción del horario laboral de las mujeres víctimas de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales o salariales.

• Los sectores públicos y privados deberán adecuar su normativa interna en el plazo de 6 meses a partir de la publicación de la Ley, bajo disposición, seguimiento y asesoría del Ministerio del Trabajo.

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