El ranking global de negocios IFLR1000 dio a conocer ayer su edición 2021-2022. Para Ecuador el ranking presenta dos categorias: Financiero y Corporativo y Desarollo de Proyectos. Nos complace anunciar que Tobar ZVS ingresó al ranking de Financiero y Corporativo por primera vez y subió en su posición en Desarrollo de Proyectos, categoría que incluye minería e infraestructura.

Desde 1990, IFLR1000 lleva a cabo una investigación cualitativa en bufetes de abogados y abogados para informar la publicación de clasificaciones anuales, calificaciones y premios, y contenido editorial. IFLR1000 sigue siendo la única publicación internacional de investigación de mercado legal enfocada en clasificar firmas de abogados y abogados sobre la base del trabajo transaccional financiero y corporativo.

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Tenemos el agrado de compartir los rankings de nuestra firma y nuestros especialistas, publicados por Leaders League 2019, que comprometen nuestro esfuerzo permanente para ofrecer nuestros mejores estándares de servicio.

El Código Orgánico del Ambiente (en adelante, “COA”) fue publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 938 de 12 de abril de 2017 y entrará en vigencia en un año (13 de abril de 2018).

El COA es una ley marco que regula el campo administrativo – ambiental, y que tiene por objeto garantizar: i) el derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado; y, ii) los derechos de la Naturaleza.

El COA deroga varias leyes en materia ambiental, tal como: Ley de Gestión Ambiental, Ley para la Prevención de la Contaminación Ambiental, Codificación de la Ley que Protege a la Biodiversidad, Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva, Codificación de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales, y varios artículos de la Ley Orgánica de Salud, y de la Ley de Hidrocarburos.

Dentro del presente boletín se han sintetizado los temas principales de la normativa ambiental:

I. General

* Todas las decisiones públicas y privadas en materia ambiental deben reconocer e incorporar como fundamentos conceptuales a los principios ambientales establecidos en el COA:

1. Responsabilidad Integral
2. Mejor tecnología disponible
3. Desarrollo sostenible
4. El que contamina paga
5. In dubio pro natura
6. Acceso a la información y participación
7. Precaución
8. Prevención
9. Subsidiariedad

* Además de los principios señalados, este Código recoge las figuras de la responsabilidad objetiva, inversión de la carga probatoria y de la imprescriptibilidad de las acciones, que han sido reconocidas en la Constitución.

II. Régimen Institucional

* La gestión ambiental y el manejo de recursos naturales serán regulados a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), el cual implementa los siguientes instrumentos:

1. Educación Ambiental
2. Investigación Ambiental
3. Participación ciudadana
4. Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)
5. Fondos para la gestión ambiental
6. Sistema Nacional de Áreas Protegidas
7. Régimen Forestal Nacional
8. Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)
9. Incentivos Ambientales

* Los niveles de gobierno dentro del SNDGA están conformados por el Ministerio del Ambiente y los GADs acreditados para el efecto, conforme a los requisitos mínimos establecidos en el COA.

III. Patrimonio Natural

*  El COA incorpora un articulado sobre la promoción y garantía del bienestar animal, definiendo a la fauna y arbolado urbano. Además se establecen una serie de obligaciones, responsabilidades y actos prohibidos en relación a los animales. El GAD Municipal o Metropolitano será el encargado de sancionar las infracciones administrativas relativas a este sector, según lo determinado en el COA.

IV. Calidad Ambiental

* El SUMA continúa como el mecanismo para la prevención, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental.

* A pesar de que los procesos ambientales anteriormente se consideraban públicos, este Código garantiza el acceso de la sociedad civil a la información ambiental de los proyectos.

* Los GADs deberán incluir dentro de su planificación, la reparación integral de los pasivos ambiéntales que no hayan sido reparados. Al respecto el COA para determinar la actuación subsidiaria del Estado, ha establecido los siguientes parámetros:

1. Si hay daños ambientales no reparados;
2. Si no se pudo identificar al operador;
3. Si el operador incumplió con el plan de reparación;
4. Si por la magnitud y gravedad del daño no se puede esperar la intervención del operador;
5. Si existe peligro de nuevos daños y el operador no los pueda asumir.

* Al igual que en la anterior regulación, en este Código se establecen competencias exclusivas para la Autoridad Ambiental Nacional, así como reglas para la competencia de los GADs debidamente acreditados.

* Se establece una clasificación del impacto ambiental y su respectiva regularización, tal como se señala a continuación:

1. No significativo: no requiere permiso, solo seguimiento de buenas prácticas.
2. Bajo: plan de manejo ambiental.
3. Mediano: estudio de impacto ambiental.
4. Alto: estudio de impacto ambiental.

El SUIA determinará automáticamente el tipo de permiso requerido para cada actividad.

* Además, serán solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de los estudios, planes y auditorías, las personas que deseen llevar a cabo el proyecto y quienes hayan elaborado los mencionados documentos.

* Este Código recoge la obligación de realizar consultas previas por parte del Estado a las personas directamente afectadas a causa de una actividad. Sin embargo, este proceso no tiene efectos vinculantes, puesto que la decisión de ejecutar la actividad recae absolutamente en la Autoridad Ambiental Competente.

* Respecto a las sustancias químicas, se establece una responsabilidad solidaria cuando se produzca contaminación ambiental, al importador, exportador, fabricante y acondicionador; y responsabilidad extendida, al productor. Para las sustancias químicas peligrosas, además de los actores mencionados, serán responsables solidarios el tenedor, poseedor o propietario.

V. Incentivos Ambientales

* Los incentivos ambientales podrán ser de carácter económico, tributario u honorífico, y para el efecto, su evaluación y otorgamiento estarán a cargo de la Autoridad Ambiental Nacional. El COA establece criterios para el otorgamiento de los mismos.

VI. Reparación de Daños

* Como regla general para la atribución de responsabilidad de daños ambientales se debe identificar al operador de la actividad que los ocasionó. Al respecto, el COA establece los siguientes lineamientos:

1. Si es una persona jurídica pertenece a un grupo, la responsabilidad podrá extenderse hasta la sociedad que tome las decisiones sobre el mismo.
2. El responsable del control de la actividad y los administradores durante su gestión.
3. En caso de pluralidad de causantes, la responsabilidad será solidaria.
4. En caso de muerte de persona natural, las obligaciones pendientes se transmitirán, según la Ley.
5. En caso de extinción de persona jurídicas, las obligaciones serán asumidas por los socios o accionistas, según la Ley.

* En caso de daños ambientales, los ejecutores de la actividad están en la obligación de comunicar a la Autoridad Ambiental dentro de las 24 horas posteriores a su ocurrencia.

* A su vez, el operador deberá adoptar sin demora, advertencia, requerimiento o acto administrativo previo, en orden, las siguientes medidas:

1. Contingencia, mitigación y corrección;
2. Remediación y restauración;
3. Compensación e indemnización; y,
4. Seguimiento y evaluación.

VII. Régimen Sancionador

* Se establece una proporcionalidad en la imposición de las sanciones administrativas en relación a la gravedad del hecho que las generan.

* Además de la fuerza mayor y del caso fortuito, se exonerará por daños ambientales, en caso de intervención de terceros o culpa de la víctima.

* Las infracciones han sido clasificadas por su gravedad en: leves, graves y muy graves, y las sanciones podrán abarcar: multas económicas, decomiso de especies, destrucción de bienes, suspensión de actividades, revocatoria de permisos, pérdida de incentivos, desalojo.

* Las multas se considerarán en base a la capacidad económica del infractor, tipo de la infracción, atenuantes y agravantes, según lo señalado en los artículos 323, 324, 325 y 326 del COA.

VIII. En la Ley de Minería

* Se reforma el último inciso del artículo 109, determinando que en caso de declaratoria de caducidad, la responsabilidad por daños ambientales implica la restauración de ecosistemas y reparación integral de las personas y comunidades. Anteriormente se consideraba para este caso la restauración de ecosistemas y la indemnización a las personas y comunidades.

* Se reforma el segundo inciso del artículo 115, estableciendo que la calificación del daño ambiental se efectuará de conformidad con el COA, y no mediante resolución motivada del Ministerio del Ambiente.