En cumplimiento del mandato de la Consulta Popular de 2023, el gobierno del Ecuador ha presentado un cronograma para el apagado total del Bloque Petrolero ITT en la Amazonía, estimando que este proceso tomará al menos cinco años y cinco meses.
El plan de cierre progresivo se desarrollará en cinco fases que abordarán aspectos fundamentales como la actualización del programa de apagado de los pozos, la realización de estudios de ingeniería, la ejecución efectiva del cierre, y la entrega de las áreas a las comunidades indígenas. El proceso de apagado, cierre y taponamiento de 246 pozos en el ITT iniciará el 30 de agosto de 2024. Entre agosto de 2025 y agosto de 2030, se desmantelarán las instalaciones en la superficie de los pozos, mientras que en 2026 y 2027 se adecuarán las plataformas de almacenamiento y se retirarán los escombros del parque Yasuní. Finalmente, entre 2029 y 2034, se entregarán las áreas reforestadas a las comunidades locales.
El presidente de la República, Daniel Noboa, ha solicitado a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento, en la cual la Corte deberá revisar minuciosamente las acciones que serán implementadas por el Ejecutivo para así garantizar el cumplimiento de la decisión popular reflejada en la consulta. En consecuencia, la Corte Constitucional deberá evaluar los mecanismos que aplique el Estado para superar los posibles desafíos que surjan durante el proceso, asegurando que el crudo del ITT se mantenga indefinidamente en el subsuelo. Dada la magnitud de esta tarea, resulta inevitable preguntarse ¿Cómo manejará el Ecuador los desafíos económicos que implica la pérdida de ingresos por la extracción de petróleo en el Bloque ITT?
