El 15 de enero de 1986, Ecuador firmó el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que ofrece un foro neutral para la resolución de disputas internacionales. Durante la década de los 90, Ecuador siguió la tendencia general adoptada por muchos otros país de América Latina y firmó tratados bilaterales de inversión (TBI) con la intención de atraer inversión extranjera. El 19 de abril de 2001, Ecuador ratificó la Convención CIADI durante el gobierno del ex presidente Gustavo Noboa Bejarano. Varios años después, Ecuador se convirtió en uno de los países que enfrentó un mayor número de demandas por parte de inversionistas ante el CIADI.
Desde el inicio de la administración del ex Presidente Rafael Correa (2007-2017) manifestó su hostilidad al CIADI: “retirarse del CIADI es necesario para la liberación de nuestros países, el CIADI significa colonialismo, esclavitud respecto a las transnacionales (…) eso no lo puedo tolerar”. La pelea de Correa contra el CIADI básicamente comprendió 4 pasos: i) En 2008, Ecuador denunció casi un tercio de sus TBIs, ii) Posteriormente, en 2008 entró en vigor una nueva constitución que contenía una confusa disposición que aparentemente prohibía al país someter sus controversias a tribunales de arbitraje internacionales; iii) El 2 de julio de 2009, Correa emitió el decreto ejecutivo 1823 denunciando el Convenio CIADI y declaró su terminación; iv) un par de años después, Ecuador denunció la terminación del resto de TBIs. Vale señalar que la mayoría de estos TBIs contenía cláusulas de supervivencia, por lo que los inversionistas aún podían activar arbitrajes CIADI en contra del país.
Una de las principales acusaciones que utilizó Correa en contra de los TBIs era que supuestamente contradecían el art. 422 de la Constitución que prohíbe la celebración de instrumentos internacionales o tratados que sometan al Ecuador a la jurisdicción de tribunales internacionales en disputas contractuales o comerciales. Sin embargo, el arbitraje de inversión es una creatura completamente diferente. Desafortunadamente, la Corte Constitucional de aquella época no consideró la diferencia entre arbitraje comercial y de inversiones y declaró la inconstitucionalidad de los TBIs. El argumento de inconstitucionalidad fue ratificado por la Asamblea y una comisión especial (CAITISA) creada para el efecto.
En las elecciones presidenciales del año 2021, el candidato Guillermo Lasso fue elegido Presidente del Ecuador. Lasso ha prometido atraer inversión extranjera al país desde el inicio de su campaña. Por ello, no fue sorpresa que una de las primeras cosas que Guillermo Lasso hiciera al iniciar su mandato era buscar mecanismos que permitan recuperar la confianza de inversionistas en el país y atraer inversión extranjera después de años de inestabilidad política. El 21 de junio de 2021, Ecuador firmó el Convenio CIADI y ahora el siguiente paso es la ratificación. Existe una discusión actualmente sobre si el Convenio CIADI debe ser aprobado previamente por la Asamblea Nacional conforme el art. 419 de la Constitución que ordena: “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 1. Se refieran a materia territorial o de límites. 2. Establezcan alianzas políticas o militares. 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético”. Sin embargo, el CIADI no se encuentra dentro de estas categoría y, en mi criterio, no requiere aprobación previa de la Asamblea.
Otro aspecto relevante es que la suscripción del CIADI no se traduce en consentimiento automático para acudir a arbitraje. Ecuador deberá suscribir instrumentos diferentes (TBIs, Contratos Bilaterales de Inversión) que contengan su consentimiento específico para arbitrar.
El 21 de junio de 2021, el Secretario General Jurídico de Presidencia envió a la Corte Constitucional un comunicado solicitando su pronunciamiento sobre si el CIADI requiere o no de aprobación legislativa. En criterio del secretario, el CIADI no requiere aprobación de la Asamblea Nacional de acuerdo con el art. 419. Además, mencionó que conforme el art. 418 de la Constitución, el Presidente puede firmar y ratificar tratados internacionales, siempre que notifique a la Asamblea de forma posterior. La Corte Constitucional deberá pronunciarse al respecto.
La firma del Convenio CIADI muestra el compromiso del Ecuador con la protección de inversiones extranjeras y es un gran paso para suscribir acuerdos con la comunidad internacional que contribuirán al crecimiento económico del país y traerán muchos beneficios para el desarrollo del Ecuador.
El 30 de junio de 2021, la Corte Constitucional puso fin a la discusión respecto de si el reciente regreso del Ecuador al CIADI requería aprobación previa del legislativo antes de su ratificación, de conformidad con el artículo 419 de la Constitución. A criterio de la Corte Constitucional, el Convenio CIADI no requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional.
El 21 de junio de 2021, Ecuador firmó el Convenio CIADI y ahora el siguiente paso es la ratificación. En los últimos días se generó toda una discusión sobre si el Convenio CIADI debía ser aprobado previamente por la Asamblea Nacional conforme el art. 419 de la Constitución que ordena: “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 1. Se refieran a materia territorial o de límites. 2. Establezcan alianzas políticas o militares. 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético”.
La postura del Presidente de la República, Guillermo Lasso, era que el Convenio no requería aprobación. Así, el 21 de junio de 2021, el Secretario General Jurídico de Presidencia envió a la Corte Constitucional un requerimiento solicitando su pronunciamiento sobre el tema de la aprobación previa del legislativo.
La Corte explicó que el CIADI no se refiere materia territorial o de límites, no establece alianzas políticas o militares, no contiene un compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, tampoco se refiere a los derechos y garantías establecidas en la Constitución ni compromete a la política económica del Estado o a su patrimonio natural o genético.
Quizá los dos numerales más discutidos eran los contenidos en el artículo 419 6 (Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio) y 7 (Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional). Sobre el primer punto, la Corte mencionó que si bien el preámbulo del CIADI menciona “necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la función que en ese campo desempeñan las inversiones (…)” esto no implica que se esté adquiriendo un acuerdo de comercio o integración que la sola relación del tema de un tratado internacional con cuestiones de comercio o desarrollo económico no deriva en que requiera aprobación legislativa.
Sobre la atribución de competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional, la Corte explicó que la firma del CIADI no implica un consentimiento automático del Ecuador a someter sus disputas a arbitraje bajo este mecanismo. El arbitraje al ser una creatura de consentimiento, requiere que Ecuador demuestre su voluntad de arbitrar en instrumentos separados, por ejemplo, un TBI, un contrato bilateral de inversiones o una ley de protección de inversiones. En otras palabras, el Convenio CIADI no obliga al Ecuador – ni a ninguno de sus estados parte- a arbitrar únicamente porque lo firmaron. Por otro lado, La Corte dijo que conforme la sentencia 34-19-IT, “la resolución de disputas entre Estados no es una competencia propia del orden jurídico interno de un Estado” por lo que la resolución de conflictos ante el CIADI no implica la atribución de competencias de orden jurídico interno a organismos internacionales.
Vale señalar, que la votación no fue unánime: 6 votos a favor (Jueces Salazar, Andrade, Nuques, Corral, Salgado, Lozada) dos votos salvados (Jueces Herrería y Ávila) y uno en contra (Juez Grijalva). En sus votos salvados, los Jueces Herrería y Ávila explicaron que un asunto tan importante ameritaba un debate en la Asamblea Nacional como máximo organismo de representación popular y que el artículo 422 de la Constitución contiene una prohibición de ceder jurisdicción a organismos de abritraje internacional, con excepción de disputas entre ciudadadanos y Estados de América Latina que se resuelvan en organismos regionales. En mi criterio, esto no es así, pues la prohibición del art. 422 se refiere a disputas de naturaleza comercial o contractual y el arbitraje de inversiones es completamente diferente. Por lo tanto, el CIADI no es incompatible con la constitución.
Conclusión
La decisión de la Corte Constitucional es acertada, ya que el Convenio CIADI no requería aprobación previa del legislativo por no estar comprendido dentro de las causales del artículo 419 de la Constitución. La firma y posterior ratificación del CIADI traerá, sin duda, muchos beneficios al país y atraerá la inversión extranjera que es uno de los ejes principales de este nuevo gobierno.
Por Vela Óscar en NEGOCIACIÓN , SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LITIGIOS , NEGOCIACIÓN, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LITIGIOS , Noticias y Publicaciones
La Corte Constitucional ha establecido como regla jurisprudencial de obligatorio cumplimiento que las personas portadoras de enfermedades catastróficas, por ejemplo, cáncer, tumores cerebrales y las demás catalogadas por el Ministerio de Salud, gozan de una estabilidad laboral reforzada y no podrán ser despedidos por esta condición. Adicionalmente, la Corte Constitucional señala que el empleador deberá justificar la razón del despido en causas objetivas y válidas y no podrá fundamentarla en argumentos relacionados con el rendimiento de las actividades del trabajador, toda vez que el deterioro físico o psicológico del trabajador es parte de la naturaleza propia de la enfermedad.
En el evento de que el empleador no justifique las razones del despido, se presumirá que el mismo se ha realizado en violación de los derechos del trabajador por razón de su condición.
La Corte Constitucional ha señalado en la sentencia Nº 375-17-SEP-CC, que el empleador deberá proceder a la reubicación de la persona que padezca una enfermedad catastrófica o profesional, en el evento de que sus actividades se vean afectadas como producto de su condición de salud.
El Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial número 1829, ha publicado un listado con las enfermedades catalogadas como catastróficas, raras y huérfanas.
Este documento lo podrá encontrar en el siguiente hipervínculo
Por ZVS Tobar en NEGOCIACIÓN , SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LITIGIOS , Noticias y Publicaciones
Andres Larrea, Associate of the Dispute Resolution Unit of TOBAR ZVS SPINGARN, authored the article «Arbitration in the Time of Artificial Intelligence» published by TERRALEX.
Following is the link to that publication:
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La publicación Francesa, Leaders League, reconoce a Tobar ZVS como fima lider en Ecuador en la última edición de América Latina para el 2021.
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