A continuación presentamos un resumen del Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0135, con las obligaciones de los empleadores públicos y privados:
Objeto: Normar el registro, aprobación y reporte de obligaciones laborales, a través de la página web del Ministerio del Trabajo (MT) respecto de los siguientes temas:
a. Información de contratos:
Dentro de los 30 días laborables posteriores a la fecha de ingreso del trabajador. El empleador debe contar con los datos de todos sus trabajadores activos, incluyendo la información de las personas con discapacidad, sustitutos; y, las personas que tengan a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa;
b. Actas de finiquito por terminación de la relación laboral:
c. Cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las personas con discapacidad:
Las empresas que tengan más de 25 trabajadores, deberán contar con al menos 4% de trabajadores con discapacidad;
d. Registro de información de personas con discapacidad, sus sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa.
Las resoluciones de trabajadores sustitutos emitidas antes de la vigencia de este Acuerdo mantendrán su vigencia por el tiempo que dure la relación laboral y mientras cumplan con los requisitos que establece la Ley Orgánica de Discapacidades.
e. Seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos.
Las obligaciones del empleador son:
Los empleadores que a la presente fecha tengan registrado y aprobado el reglamento de higiene y seguridad del trabajo a través del Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo—SAITE y que se encuentren vigentes, deberán actualizar la información conforme al presente Acuerdo Ministerial, hasta el 31 de diciembre de 2017.
f. Reglamento interno de trabajo
Todo empleador que cuente con más de 10 trabajadores deberá elaborar y registrar en la página web del MT, el Reglamento Interno de trabajo, de forma obligatoria, en un plazo máximo de 15 días, a partir de la expedición del presente Acuerdo Ministerial.
Multas por incumplimiento de las obligaciones o plazos:
El MT podrá imponer multas por cada trabajador no registrado en la página web del MT, sin que la suma de las mismas supere los 20 SBU (US$ 7.500);
-‐ Por falta de registro de las actas de finiquito o pago de los valores, el MT notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en 5 días desvirtue la infracción; caso contrario, se emitirá la Resolución sancionatoria estableciendo una multa de US$200. La multa se impondrá por cada acta de finiquito no registrada, sin que la suma de las mismas en cada proceso sancionatorio pueda superar los 20 SBU (US$7.500). El pago de la multa no exime al empleador de cumplir con el registro del acta de finiquito y pago de los valores establecidos, lo que deberá efectuarse en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la Resolución sancionatoria, pudiendo ser sancionado, siguiendo el mismo proceso, hasta que cumpla con su obligación.
Por incumplimiento en el porcentaje de inclusión de trabajadores con discapacidad, la multa es de 10 a 15 SBU (US$ 3.750 a US$ 5.625) y/o suspensión de actividades hasta por 30 días;
-‐ Por incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos, las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público notificarán al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de 5 días contados desde su notificación desvirtuen el incumplimiento, caso contrario el MT impondrá al empleador una multa equivalente a US$ 200 por cada trabajador; hasta un máximo de 20 SBU (US$7.500). El inspector del trabajo que hubiere determinado el incumplimiento deberá solicitar un informe técnico previo a la determinación de la multa, a la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, en el que se podrá recomendar como medida preventiva la suspensión de actividades y/o el cierre de lugares o medios colectivos de labor de manera provisional, por el período de tiempo que se estime conveniente, en los que se atentare o afectare a la salud seguridad e higiene de los trabajadores.
-‐ Por falta de registro del Reglamento Interno, el MT notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en 5 días desvirtue la infracción, caso contrario se emitirá la Resolución sancionatoria estableciendo una multa equivalente a US$200. El pago de la multa no exime al empleador de cumplir con el registro del Reglamento Interno, en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de la Resolución sancionatoria.
Obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión de riesgos: El empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto de los siguientes temas:
El MT emitirá progresivamente los instructivos y/o manuales para establecer los procedimientos y plazos para el registro, aprobación, notificación y/o reporte de las obligaciones antes detalladas. Los formatos estandarizados, guías e instructivos, en materia de seguridad y salud en el trabajo se encontrarán en la página web del MT.
Control: Los Inspectores de Trabajo realizarán el control del cumplimiento de las obligaciones laborales.
Fecha de vigencia de este Acuerdo Ministerial: 29 de agosto de 2017.
Fecha de publicación en el Registro Oficial: 20 de octubre de 2017.
El Ministro de Hidrocarburos de Ecuador junto con otras autoridades del sector, visitaron Houston a inicios de octubre para promover nuevos proyectos y oportunidades de inversión en el sector hidrocarburífero del Ecuador. Estas oportunidades de inversión son tanto para la cadena de producción en upstream como en downstream.
Dentro de las noticias positivas para atraer a inversionistas para el desarrollo de este sector, que en los últimos 10 años de la Revolución Ciudadana ha estado limitado casi en su totalidad a la inversión pública, se encuentra el regreso a los contratos de participación en la producción, dejando de lado el fallido modelo de contrato de servicios que limitaba al inversionista a recibir una tarifa por barril producido.
Con el regreso a este modelo de participación bajo el cual el inversionista participa directamente en la producción total del Bloque y es pagado en petróleo crudo, el gobierno ecuatoriano manda una clara señal de apuesta hacia la inversión privada para aumentar la producción de crudo y estimular la exploración de los bloques del suroriente ecuatoriano. A continuación una breve descripción de los 4 proyectos de inversión que el Estado ecuatoriano se encuentra promoviendo:
Los denominados “Intracampos” se encuentran conformados por 8 Bloques que incluyen 13 campos, con reservas probadas de 157.3 MM bls de petróleo (907.5 MM bls de POES). Estos campos están localizados en el nororiente ecuatoriano, entre bloques que ya han sido desarrollados.
Para el desarrollo de estos campos, el Estado ecuatoriano espera una inversión total aproximada de 1.200 millones de dólares.
Se espera que la ronda sea lanzada a finales de noviembre/inicios de diciembre de 2017.
El suroriente ecuatoriano continúa siendo una región inexplorada, pero con un alto nivel de expectativa por las reservas que allí se puedan encontrar, especialmente al descubrimiento de dos reservorios en el Bloque 80 y al descubrimiento en el Bloque 64 de Perú (Situche Central) que se encuentra localizado en el área fronteriza entre Ecuador y Perú.
Tras la fallida Ronda Suroriente, llevada a cabo en 2013 bajo un modelo de contrato de servicios que asociaba el pago a una tarifa por barril producido, esta vez el Estado ecuatoriano ha planteado el desarrollo de estos bloques bajo el modelo de contrato de participación en la producción, un modelo de negocio atractivo para los inversionistas y para las compañías de petróleo pues, en caso de pasar a fase de desarrollo, además de recuperar la inversión pueden participar del upside.
Se espera que esta ronda sea lanzada el primer semestre del año 2018.
Este fue uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Rafael Correa, sin que se haya conseguido atraer inversionistas, principalmente por el alto monto de inversión requerido y la falta de claridad en el modelo de negocio propuesto.
Este proyecto se encuentra justificado en la limitada capacidad del sistema de refinación del Ecuador para cubrir la demanda interna de combustibles, forzando al Estado a realizar importaciones para cubrir la demanda interna.
El Gobierno actual ha manifestado que la inversión requerida para el desarrollo de esta obra será de 8.200 millones de dólares, es decir, casi la mitad de la inversión anticipada por el anterior gobierno.
Para el desarrollo de este proyecto el Estado busca inversión privada, sin que esté dispuesto a comprometer recursos públicos, y su nuevo y actual modelo de negocio propuesto para el desarrollo de esta obra contempla dos opciones: (1) el pago por parte del Estado de una tarifa por cada barril de crudo refinado por parte del inversionista, a través de un modelo BOT (bult-¬‐operate-¬‐ transfer); o, (2) el Estado vende el crudo al inversionista a precio internacional y se compromete a comprar los productos derivados producidos a precio internacional.
A diferencia del proyecto planteado por el Gobierno anterior, que buscaba refinar crudo importado de Venezuela, bajo el esquema actual el Gobierno propone refinar crudo producido en los Bloques denominados ITT (Ishpingo-¬‐Tiputini-¬‐Tambococha) del Oriente ecuatoriano. A la fecha, la producción del Tiputini es de 50.000 bpd, y el Estado busca aumentar esa producción en el corto plazo a 100.000 bdp. De igual forma, se espera poner a producir los campos Ishpingo y Tambococha en el corto plazo.
El Estado busca contar con una refinería que tenga una capacidad para procesar 300.000 barriles por día..
El terminal marítimo de Monteverde es una terminal de gas en la cual el Estado ha invertido aproximadamente 600 millones de dólares. El gobierno se encuentra interesado en encontrar un socio estratégico que invierta aproximadamente 300 millones de dólares para desarrollar un Centro Regional de Almacenamiento y Distribución, o directamente vender este proyecto para que sea desarrollado totalmente por inversionistas privados.
El atractivo para el desarrollo de este proyecto se basa en el déficit de almacenamiento de productos líquidos, como gasolina, químicos, etc, en la costa del Pacífico, que se convierte en una oportunidad para el desarrollo de un Centro Regional de Almacenamiento y Distribución, a través del uso de infraestructura ya existente, su ampliación y potenciamiento, tomando en consideración el posicionamiento estratégico del Ecuador.
El modelo de negocio planteado por el Estado para el desarrollo de este proyecto se encuentra abierto según el beneficio que reporte para el inversionista, sea a través de un modelo de concesión, un contrato de uso de la capacidad instalada en el terminal, o un joint venture.
Por Tobar Bernardo en CORPORATIVO, M&A , Noticias y Publicaciones
No hay discusión acerca de la parálisis que ha sufrido la exploración minera en los últimos años en el pais. Luego de la promulgación del Mandato Contituyente Num. 6 – conocido como Mandato Minero – en abril de 2008, no se ha conferido ni una sola concesión minera de metálicos a particulares.
La ley de Minería promulga en febrero de 2009 sufre de graves defectos entre los que destaca el establecimiento de un procedimiento de subasta o remate para la entrega de concesiones mineras, contrario a lo que sucede en el resto de jurisdicciones mineras que han tenido éxito en el desarrollo de la minería. Desde el 2008 el país se ha privado de una importante inversión directa en exploración minera.
El desarrollo exitoso de una mina implica, en términos generales, tres fases distintas: la prospección, la exploración (inicial y avanzada) y la explotación minera (que incluye el cierre de la mina). Generalmente, toma alrededor de 10 a 15 años desde el momento en que los geólogos empiezan con la prospección inicial hasta que la mina entra en producción. Históricamente, la exploración temprana de áreas no exploradas (conocidas dentro de la industria como “grassroots”) ha sido realizada por empresas que se dedican exclusivamente a esta tarea (conocidas en la industria como prospectores o empresas junior) quienes se encargan del hallazgo inicial de mineralización en una concesión minera.
Leer completo, descargar el material..!!
Link Revista MINERGÍA: https://issuu.com/minergiaec/docs/minergia_07/16
Por Zumárraga César en Noticias y Publicaciones , RECURSOS NATURALES, ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA
Desde el 9 de diciembre de 2016 está vigente en Ecuador un nuevo régimen de Propiedad Intelectual. Ese día fue publicado en el Registro Oficial el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en adelante el “Código”, que además de regular una serie de temas adicionales, reemplaza la Ley de Propiedad Intelectual del año 1998.
La Función Ejecutiva tiene un plazo de ciento ochenta días para la expedición del Reglamento General de este Código.
Nuestra Firma se ha pronunciado previamente sobre algunas preocupaciones en relación al Código en cuanto a su contenido y motivación, especialmente en lo que concierne a propiedad intelectual, las cuales mantenemos. Sin embargo, el Código reconoce expresamente la vigencia y supremacía de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Ecuador en materia de propiedad intelectual.
Los temas que modifican el sistema anteriormente vigente y que pueden ser de preocupación o interés para los titulares de derechos de propiedad intelectual en Ecuador, se recogen en los siguientes documentos:
Para leer los documentos adjuntos descargue el material..!!
Por ZVS Tobar en Noticias y Publicaciones , PROPIEDAD INTELECTUAL Y ANTIPIRATERÍA
La reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que decide inaplicar las denominadas cláusulas “suelo” de los contratos de hipoteca celebrados entre los bancos españoles y sus deudores hipotecarios, genera un apasionante debate jurídico. La decisión además viene acompañada de la orden a los bancos españoles para que devuelvan el dinero cobrado por esta cláusula a los deudores, de manera retroactiva, lo que supone un monto aproximado de entre 3 mil y siete mil euros.
Pero, ¿qué es una cláusula “suelo”? El Diario el Mundo las define así: “Es una de las condiciones que los bancos incluyen para la concesión de créditos a tipo variable. Con esta cláusula, el banco pone un suelo al descenso del precio de las hipotecas que están referenciadas al Euribor de manera que, aunque este índice baje, el crédito genera un mínimo de intereses favorable al banco. Según algunas estimaciones, puede haber entre dos y tres millones de contratos con esta cláusula”.
Criterios a favor o en contra de esta decisión, lo que es indudable es que genera un debate jurídico muy interesante. ¿Hasta qué punto puede un Juez, de cualquier nivel, intervenir en cláusulas libremente pactadas por las partes en uso de la autonomía de su voluntad?. Recordemos que el principio rector del derecho privado es que a nadie se le puede prohibir ejecutar un acto (o celebrar un contrato) que no esté impedido por la Ley. No estamos -hasta lo que entiendo- frente a cláusulas ilegales o nulas, sino frente a cláusulas que en criterio del Tribunal, son abusivas. Porque si fuesen cláusulas que estuviesen en contra del orden público o viciadas de algún modo por supuesto que el Juez puede intervenir y declararlas ilegales o nulas. O si hubiese algún vicio de consentimiento por error, fuerza o dolo, también el juez está llamado a anular esas estipulaciones contractuales.
Pero si no son contrarias al orden público y tampoco hay vicio de consentimiento, ¿cómo puede un juez intervenir en la voluntad autónoma privada y declararlas inaplicables por abusivas? Entendemos que los contratos fueron celebrados por personas capaces y sofisticadas, que pudieron gestionar exitosamente un crédito ante un banco y que celebraron sin ningún tipo de cohesión un contrato con una hipoteca con condiciones especiales. Si las cláusulas eran abusivas, desproporcionadas o injustas, ¿por qué las aceptaron? El haber celebrado un mal negocio no es suficiente para que el contrato pueda ser dejado sin efecto por un juez.
Me recuerda que la disposición del art. 1561 del Código Civil que dice que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o causas legales. Las partes, de manera libre y voluntaria, en uso de su propia autonomía y como personas capaces, estipularon el contrato de hipoteca con los bancos y, por tanto, este contrato es ley para ellas y, ciertamente, también para los jueces. El maestro Luis Claro Solar sobre este aspecto dice: «Por consiguiente el contrato no solo obliga a los contratantes, sino que impone al juez el deber de observarlo a fin de que se cumpla la voluntad contractual. Así como el juez, llamado a aplicar la ley, no puede tener en cuenta la equidad que puede hallarse en contradicción con la regla general que el legislador ha establecido con la mira de consultar el interés general; y debe aplicar la ley aunque le parezca injusta; pues su misión no es juzgar la ley, sino juzgar de acuerdo con la ley la controversia que es sometida a su conocimiento; del mismo modo debe aplicar las cláusulas del contrato que las partes han celebrado y no atender a las consideraciones de equidad que los contratantes pudieran invocar para dejar sin ejecución las obligaciones que el contrato les impone. El juez está así ligado por el contrato a las partes como si el contrato fuera una ley y no puede modificar ese contrato, si no viola ninguna disposición de orden público y sólo se aparta de las disposiciones de una ley permisiva que establece derechos de los particulares que éstos pueden renunciar, no estándoles prohibida la renuncia. De modo, pues, que al decir el art. 1545 que el contrato es una ley para los contratantes, se dirige al mismo tiempo al juez, desde que, suscitándose cualquiera controversia entre los contratantes referente a la ejecución del contrato, es el juez el llamado a procurar como autoridad pública el cumplimiento de las obligaciones tales como en el contrato fueron establecidas. El juez no puede alterar las obligaciones que el contrato establece, si pudiera hacerlo, fundándose en equidad, desaparecería la confianza en la fuerza de las convenciones».
Descarga el material en formato PDF..!!
Por Zumárraga César en Noticias y Publicaciones , RECURSOS NATURALES, ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA
