Cada día nuevas herramientas que emplean la inteligencia artificial (IA) se desarrollan en favor de facilitar a las personas sus tareas cotidianas. Desde la elaboración de dibujos, logos, textos, elaboración de códigos de programación entre otros, la IA vino para quedarse, forma parte de nuestro día a día y cada vez estará más presente en nuestro diario vivir, formando parte de nuestra cotidianidad, como hoy lo son SIRI, ALEXA o GOOGLE ASSISTANT.
Tal es así que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley (Google, Amazon y Microsoft) están invirtiendo centenas de millones de dólares en el desarrollo de IA a fin de facilitar la vida a sus usuarios. Google acaba de adquirir Anthropic por más de 400 millones de dólares [1] y, por otro lado, el caso más llamativo sin duda es el de Microsoft. La empresa líder en la venta de software a nivel mundial busca rivalizar con las ya antes mencionadas y estar a la vanguardia en el desarrollo de la inteligencia artificial, implementándola en sus paquetes de servicios, con la adquisición de Open IA, empresa desarrolladora de CHAT GPT, y se calcula que la inversión a largo plazo rondará los 10.000 millones de dólares [2].
En esta línea, Microsoft a través de su anuncio realizado el 7 de febrero de 2023, indicó que implementará CHAT GPT en su buscador BING y su buscador Microsoft Edge [3], con el objetivo de repotenciar sus aplicativos y optimizar la búsqueda de resultados en estos.
Sin embargo, el lector se preguntará ¿Qué tiene ver esto con la administración de justicia en el Ecuador? Pues, aunque no lo parezca, cada vez estamos más cerca que estas herramientas también puedan formar parte de la administración de justicia, lo cual ciertamente aligeraría la carga procesal a los funcionarios judiciales y sobre todo la “celeridad procesal” podría dejar de ser un mito.
Pues el primer paso conocido lo acaba de dar Juan Manuel Padilla García, Juez del Juzgado 1º Laboral del Circuito Cartagena (Colombia), quién utilizó la herramienta CHAT GPT como herramienta de apoyo.
El mencionado Juez empleó la IA para revisar antecedentes jurisprudenciales y leyes aplicables al caso con el objetivo de redactar la sentencia dentro de un proceso de Tutela de Derechos Fundamentales (equivalente a nuestra Acción de Protección) en el caso de un menor con expectro autista quién manifiestó “carecer de recursos económicos para pagar los gastos de cuotas moderadoras, copagos y gastos de transportes” por lo que demandó a la empresa Salud Total EPS, quién se negaba a cubrir dichos rubros. [4]
Si bien la sentencia fue favorable para el menor y la aseguradora tendrá que cubrir los costos para su adecuado tratamiento, el juez utilizó la herramienta CHAT GPT para recopilar y procesar antecedentes jurisprudenciales, lo que ha causado cierta controversia en el país vecino.
El juez Padilla interactuó con la IA realizando ciertas preguntas y las respuestas fueron transcritas en la sentencia. Por ejemplo, el Juez preguntó:
“¿Menor autista esta exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias?
La respuesta del aplicativo IA:
Sí, es correcto. De acuerdo con la normativa en Colombia, los menores con diagnóstico de autismo están exonerados de pagar cuotas moderadoras en sus terapias. Este beneficuento está regulado por la Ley 1753 de 2015 y se aplica a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas que reciban recursos del sistema general de seguridad social en salud.”
Si bien, las repercusiones han sido diversas y las críticas de los más puristas no tardaron en llegar, debido a que tanto esta herramienta como otras IA se encuentran en su etapa de desarrollo y pueden existir errores e inexactitudes, no es menos cierto que su perfeccionamiento avanza a pasos agigantados. Por lo tanto, es imperativo plantear la implementación, en un corto plazo, de estas herramientas, como otras que ya están desarrolladas a fin de facilitar la labor del operador de justicia.
Por ejemplo, imaginemos que un funcionario judicial tiene que elaborar decenas, de sentencias y providencias todos los días. En un futuro y con una IA -como CHAT GPT- debidamente “alimentada” de información y procesos, el funcionario podría solicitar a la herramienta la redacción de ya no de decenas, si no de centenas de documentos que pueden reducir el tiempo de sustanciación de proceso judicial y, sobre todo, la justicia podría incorporar una solución expedita en beneficio de los usuarios y de la ciudadanía en general.
Si bien el Ecuador cuenta con el sistema E-SATJE 2020, que permite el ingreso de escritos, revisión de casilleros electrónicos y la visualización de algunos archivos que constan en el proceso, la transformación digital en el país ha sido lenta pese a la promulgación de algunas leyes y reformas -sobre todo del COGEP-. Por lo tanto, es urgente que los responsables de la administración de justicia en el país encuentren las soluciones tendientes su adecuada modernización.
La tecnología ha llegado para quedarse. El mundo del derecho y sobre todo la administración de justicia no puede mirar a un costado y continuar con prácticas del siglo XIX (como seguir cosiendo los expedientes), mientras soluciones como el blockchain y las IA ya pueden ser empleadas.
En una función del Estado que tiene más de trescientos millones de dólares de presupuesto [5], y que cerca del 92% de este dinero se destina a gasto corriente (salarios) [6], es imperativa la implementación de todos los medios posibles para reducir costos, aumentar eficiencia y en especial que las personas que depositan su confianza en el sistema de justicia puedan ser recompensadas con el acceso a una justicia verdaderamente expedita.
El Consejo de la Judicatura debe plantearse incorporar la IA como una solución a algunos de los múltiples problemas que aquejan al sistema judicial; sin embargo y a la luz de los hechos, la implementación de esta y otras herramientas tecnológicas como solución no puede ni debe esperar mucho más.
[1] https://www.elespanol.com/elandroidelibre/noticias-y-novedades/20230206/ia-google-invierte-millones-dolares-proximo-chatgpt/739426309_0.html
[2] https://elpais.com/economia/2023-01-23/microsoft-invertira-100000-millones-en-la-empresa-de-chatgpt-para-impulsar-la-inteligencia-artificial.html
[3] https://blogs.microsoft.com/blog/2023/02/07/reinventing-search-with-a-new-ai-powered-microsoft-bing-and-edge-your-copilot-for-the-web/
[4] https://forogpp.files.wordpress.com/2023/01/sentencia-tutela-segunda-instancia-rad.-13001410500420220045901.pdf
[5] https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/10/26-CN_Por-Entidad-RN.pdf
[6] https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2022/233-2022.pdf
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El Ministerio del Trabajo de Ecuador fijó el salario digno para el año 2017 en cuatrocientos cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 30/100 (US$442,30) mediante Acuerdo Ministerial Nº MDT-2018-0048. Los empleadores, compañías o personas naturales obligadas a llevar contabilidad están obligadas a pagar la compensación económica para alcanzar el salario digno en el evento de que hubieren generado utilidades en el año 2017 o hubieran pagado un anticipo al impuesto a la renta menor a esas utilidades. La fecha máxima para el pago de la compensación económica es hasta el 31 de marzo de 2018 y el empleador deberá destinar el 100% de las utilidades correspondientes al año 2017 para el efecto. En caso de incumplimiento por parte del empleador, el Ministerio de Trabajo aplicará las sanciones correspondientes.
Para determinar el cálculo del ingreso mensual del trabajador o ex trabajador durante el año 2017, se deben consideran los siguientes rubros:
Por ZVS Tobar en NEGOCIACIÓN , SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LITIGIOS , Noticias y Publicaciones
Andres Larrea, Associate of the Dispute Resolution Unit of TOBAR ZVS SPINGARN, authored the article «Arbitration in the Time of Artificial Intelligence» published by TERRALEX.
Following is the link to that publication:
Por ZVS Tobar en NEGOCIACIÓN , SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LITIGIOS , Noticias y Publicaciones
El 30 de junio de 2021, la Corte Constitucional puso fin a la discusión respecto de si el reciente regreso del Ecuador al CIADI requería aprobación previa del legislativo antes de su ratificación, de conformidad con el artículo 419 de la Constitución. A criterio de la Corte Constitucional, el Convenio CIADI no requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional.
El 21 de junio de 2021, Ecuador firmó el Convenio CIADI y ahora el siguiente paso es la ratificación. En los últimos días se generó toda una discusión sobre si el Convenio CIADI debía ser aprobado previamente por la Asamblea Nacional conforme el art. 419 de la Constitución que ordena: “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 1. Se refieran a materia territorial o de límites. 2. Establezcan alianzas políticas o militares. 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético”.
La postura del Presidente de la República, Guillermo Lasso, era que el Convenio no requería aprobación. Así, el 21 de junio de 2021, el Secretario General Jurídico de Presidencia envió a la Corte Constitucional un requerimiento solicitando su pronunciamiento sobre el tema de la aprobación previa del legislativo.
La Corte explicó que el CIADI no se refiere materia territorial o de límites, no establece alianzas políticas o militares, no contiene un compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, tampoco se refiere a los derechos y garantías establecidas en la Constitución ni compromete a la política económica del Estado o a su patrimonio natural o genético.
Quizá los dos numerales más discutidos eran los contenidos en el artículo 419 6 (Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio) y 7 (Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional). Sobre el primer punto, la Corte mencionó que si bien el preámbulo del CIADI menciona “necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la función que en ese campo desempeñan las inversiones (…)” esto no implica que se esté adquiriendo un acuerdo de comercio o integración que la sola relación del tema de un tratado internacional con cuestiones de comercio o desarrollo económico no deriva en que requiera aprobación legislativa.
Sobre la atribución de competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional, la Corte explicó que la firma del CIADI no implica un consentimiento automático del Ecuador a someter sus disputas a arbitraje bajo este mecanismo. El arbitraje al ser una creatura de consentimiento, requiere que Ecuador demuestre su voluntad de arbitrar en instrumentos separados, por ejemplo, un TBI, un contrato bilateral de inversiones o una ley de protección de inversiones. En otras palabras, el Convenio CIADI no obliga al Ecuador – ni a ninguno de sus estados parte- a arbitrar únicamente porque lo firmaron. Por otro lado, La Corte dijo que conforme la sentencia 34-19-IT, “la resolución de disputas entre Estados no es una competencia propia del orden jurídico interno de un Estado” por lo que la resolución de conflictos ante el CIADI no implica la atribución de competencias de orden jurídico interno a organismos internacionales.
Vale señalar, que la votación no fue unánime: 6 votos a favor (Jueces Salazar, Andrade, Nuques, Corral, Salgado, Lozada) dos votos salvados (Jueces Herrería y Ávila) y uno en contra (Juez Grijalva). En sus votos salvados, los Jueces Herrería y Ávila explicaron que un asunto tan importante ameritaba un debate en la Asamblea Nacional como máximo organismo de representación popular y que el artículo 422 de la Constitución contiene una prohibición de ceder jurisdicción a organismos de abritraje internacional, con excepción de disputas entre ciudadadanos y Estados de América Latina que se resuelvan en organismos regionales. En mi criterio, esto no es así, pues la prohibición del art. 422 se refiere a disputas de naturaleza comercial o contractual y el arbitraje de inversiones es completamente diferente. Por lo tanto, el CIADI no es incompatible con la constitución.
Conclusión
La decisión de la Corte Constitucional es acertada, ya que el Convenio CIADI no requería aprobación previa del legislativo por no estar comprendido dentro de las causales del artículo 419 de la Constitución. La firma y posterior ratificación del CIADI traerá, sin duda, muchos beneficios al país y atraerá la inversión extranjera que es uno de los ejes principales de este nuevo gobierno.
Por Vela Óscar en NEGOCIACIÓN , SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LITIGIOS , NEGOCIACIÓN, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LITIGIOS , Noticias y Publicaciones
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