El Presidente Noboa ha anunciado un referéndum con varias preguntas para mejorar la seguridad y la economía del país. Entre ellas, se encuentra la pregunta N.º 3, que dice lo siguiente: ¿Está usted de acuerdo que, para erradicar la minería ilegal se declaren a las zonas mencionadas en el anexo 6, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?
La redacción de la pregunta es confusa; por lo tanto, este documento tiene como objetivo aclarar el alcance de la pregunta después de revisar el Anexo 6 que expone los fundamentos de la pregunta y que se ha presentado ante la Corte Constitucional para su control de constitucionalidad
Después de leer el Anexo 6, es claro que el Gobierno busca una herramienta adicional para combatir la minería ilegal. Considera que dicha actividad tiene repercusiones en la seguridad nacional, el medio ambiente, la recaudación fiscal, entre otros. Además de los problemas que trae la actividad minera ilegal, el Gobierno considera que esta forma parte de “de la cadena de tráfico de armamento, tráfico de explosivos y lavado de activos” y que representa una amenaza para la seguridad nacional. El Anexo 6 describe que las autoridades han encontrado que muchas de estas actividades se llevan a cabo dentro de concesiones mineras existentes, y algunos mineros ilegales trabajan con la complicidad de los concesionarios mineros y propietarios de tierras.
Por lo tanto, la pregunta busca que el Estado tenga la facultad de revocar las concesiones mineras de los concesionarios que se han vuelto cómplices de la minería ilegal siguiendo un proceso de investigación y sanción previo. El Anexo 6 aclara que dicho proceso sería un “proceso especial simplificado”. La evaluación de los territorios de “interés nacional” serás determinados por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), comenzando por declarar lo siguiente: Buenos Aires, San Lorenzo, Yutzupino, Chinapintza, etc. Sin embargo, la aplicación podría extenderse a cualquier parte del territorio.
Desde un punto de vista legal, la pregunta ratifica los principios generales contenidos en la Constitución y las leyes de Ecuador. Bajo el principio de responsabilidad ambiental objetiva, se presume que los operadores (concesionarios) son responsables de los daños y actividades ocurridos dentro de sus concesiones mineras, y que además han sido autorizados por el concesionario a menos que demuestre lo contrario (presunción de responsabilidad ambiental). El concesionario minero podría demostrar que no autorizó a un operador ilegal mediante la presentación de denuncias o amparos administrativos ante las autoridades mineras.
La legislación actual ya cuenta con un proceso regulado para declarar la caducidad (revocatoria o extinción) de una concesión minera debido a daños ambientales o explotación ilegal. Sin embargo, en este caso, el Anexo 6 aclara que la revocatoria en se llevará a cabo un «proceso especial simplificado». Actualmente, la autoridad inicia un proceso de investigación para determinar si ha habido actividades de explotación, procesamiento o comercialización. Si no se presentan denuncias o amparos administrativos propuestos por el concesionario minero, se entenderá que estas son actividades autorizadas por el titular del área minera, y luego se revocará el título (declaración de caducidad). Aunque en el caso de esta pregunta en particular se aplicará un «proceso especial simplificado», no hay cambios materiales en los principios de aplicación de tal infracción (debido proceso, derecho a la defensa, oportunidad de presentar pruebas, etc.).
En resumen, el proceso de consulta en la pregunta del referéndum no cambia nada de lo que ya está establecido en la ley para revocar concesiones mineras por explotación ilegal (proceso de caducidad). Sin embargo, incluir el tema específico en el referéndum elevando la categoría de protección de la industria a «interés nacional» envía un fuerte mensaje político en contra de la minería ilegal que beneficia a la industria legal y responsable.
Esta publicación contiene información de interés general y no constituye opinión legal sobre asuntos específicos. Cualquier análisis particular, requerirá asesoramiento legal de la Firma.
