No hay discusión acerca de la parálisis que ha sufrido la exploración minera en los últimos años en el pais. Luego de la promulgación del Mandato Contituyente Num. 6 – conocido como Mandato Minero – en abril de 2008, no se ha conferido ni una sola concesión minera de metálicos a particulares.

La ley de Minería promulga en febrero de 2009 sufre de graves defectos entre los que destaca el establecimiento de un procedimiento de subasta o remate para la entrega de concesiones mineras, contrario a lo que sucede en el resto de jurisdicciones mineras que han tenido éxito en el desarrollo de la minería. Desde el 2008 el país se ha privado de una importante inversión directa en exploración minera.

El desarrollo exitoso de una mina implica, en términos generales, tres fases distintas: la prospección, la exploración (inicial y avanzada) y la explotación minera (que incluye el cierre de la mina). Generalmente, toma alrededor de 10 a 15 años desde el momento en que los geólogos empiezan con la prospección inicial hasta que la mina entra en producción. Históricamente, la exploración temprana de áreas no exploradas (conocidas dentro de la industria como “grassroots”) ha sido realizada por empresas que se dedican exclusivamente a esta tarea (conocidas en la industria como prospectores o empresas junior) quienes se encargan del hallazgo inicial de mineralización en una concesión minera.

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Revista MINERGIA – MINERÍA LEGAL,

Fruta del Norte, es un extraordinario y bien preservado depósito epitermal de oro y plata, localizado en la cordillera del Cóndor,  en el sureste de Ecuador, a 6 kilómetros de la frontera con Perú. Sus números hablan por sí mismos: recurso indicado 23,5 millones de toneladas métricas con un promedio de 9,59 g/t Au y 12 g/t Ag (a un grado de corte de 3,4 g/t Au) y su calidad en todas las categorías de 9,81 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata, este depósito es considerado uno de los descubrimientos más importantes en los últimos cincuenta años en el Mundo.

Además de su obvio pedigrí, Fruta del Norte es notable por su alto grado de preservación y antigüedad, pues la mineralización proviene de la era jurásica. Mientras varios depósitos de oro epitermales, incluyendo Hishikari, Japón(Izawa et al, 1993), lvanhoe, Nevada (Barlett et al, 1991) y Mclauhlin, California (Lehrman,1986,Gusafson 1991) han sufrido erosión y retención de remanentes superficiales de la era paleolítica, Fruta del Norte es un depósito cuya preservación es única en el planeta seguramente por su ubicación profunda.

Fruta del Norte fue descubierto a inicios de 2006 por la compañía Junior canadiense Aurelian Resources Corporation luego de efectuar sus actividades de exploración regional por aproximadamente cinco años en una área sin mayores antecedentes e información, por lo que se le conoce en la industria como un proyecto “Gross Roots” . Aunque la primera empresa en conducir un trabajo de exploración regional en la zona fue la australiana Clímax Mining Ltd., a inicios de 1997, su trabajo nunca detectó la anomalía sobre Fruta del Norte, y debido a la insuficiencia de fondos cesó sus actividades a inicios de 1999.

Aurelian fue adquirida en septiembre de 2008 por Kinross Gold Corporation por US$ 1.200 millones; y finalmente, en diciembre de 2014 Kinross vendió la empresa a Fortress Mineral Corp., de Lundin Group, por US$ 240 millones. Actualmente Lundin ha completado su estudio de factibilidad y está por cerrar el Contrato de Exploración con el estado ecuatoriano.

Mucho se sabe respecto del depósito y de sus características e importancia para el Ecuador; pero en el presente artículo pretendo relatar algunos detalles de la historia de lo que sin duda es el mayor emprendimiento minero de la historia de este país: Aurelian

Cuando en 1998 el joven Keith Barron (PHD en geología por la Universidad de Westem Ontario) aterrizó en Quito jamás se imaginó lo que este país iba a significar en su vida. Previamente había vivido dos años en Venezuela y su decisión de venir al Ecuador fue algo no premeditado. Apenas llegó, también por coincidencia (aunque dicen que en la vida no hay coincidencias) conoció al Dr. Octavio Latorre Tapia, profesor de historia en la Universidad Internacional de Quito, con quien cultivó una amistad que ahora tiene casi 18 años.

El Dr. Latorre era un experto en mapas antiguos y había publicado: «Los mapas del Amazonas y el desarrollo de la cartografía ecuatoriana en el siglo XVIII»; también era un experto en la historia colonial ecuatoriana y había publicado: «la expedición de la canela y el descubrimiento del Amazonas». Las conversaciones entre Keith y su amigo versaban sobre diversos tópicos pero su énfasis era la historia delas expediciones españolas en América y, como no podía ser de otra manera, la minería de esa época Revisaron muchos documentos de los cientos o miles de documentos, que reposan en varios archivos, acerca de operaciones mineras en la época colonial y que fueron redactados con mucha precisión y rigor debido, fundamentalmente, al interés de la corona española y sus delegados en América en los beneficios de regalías que tenían a su favor y que se calculaban con base en la producción de cada  operación en estas tierras. Hubo al menos siete grandes operaciones mineras distritales en la Real Audiencia de Quito y en el Virreinato de Perú (ahora territorios de Colombia, Ecuador y Perú). Keith no dudaba que este país representaba un  extraordinario potencial para  la exploración minera.

En 2001, finalmente Keith se convenció de que tenía que iniciar una aventura minera en Ecuador. Por varios meses se instaló en dos lugares: Resten. Virginia,  y Ottawa, Canadá, para investigar en la Biblioteca Geológica de los Estados Unidos y en la Biblioteca Geológica de Canadá todos los documentos que hacían referencia a las operaciones mineras durante la época colonial. Invitó a unirse en esta aventura a Patrick Anderson, con quien había trabajado en Venezuela y Brasil anteriormente y porque, según Keith, «el español de Patrick era mejor que el mío”.

Decidieron aplicar a una concesión minera en la provincia de  Zamora Chinchipe, en el sector de Los Encuentros, cerca de Yantzaza, a la que le denominaron Emperador, lo que fue la primera de un bloque de concesiones que sumaron cerca de 93.000 hectáreas mineras contiguas.

Cuando Keith regresó a Canadá comentó con sus amigos que iniciaría una operación en Ecuador y constituyó la empresa canadiense Aurelian Resources lnc. El nombre de la empresa la escogió Keith, por el emperador Lucius Domitius Aurelianus Augustus (9 septiembre 214 o 215- septiembre u octubre de 275), tomado de otro de los temas que son de su fascinación, Roma. El emperador Aureliano (o Aurelian en inglés) restauró el imperio en Asia Menor y es conocido por haber reformado el sistema monetario de Roma, por lo que se le conoció como el «Hombre del Oro». De hecho, a la primera concesión que obtuvo la denominó «Emperador» por la misma causa.

Una de sus propiedades  mineras, Princesa, colindaba con una concesión denominada La  Zarza, que no era propiedad de Aurelian. A Keith le había llamado la atención esa área pues se habían detectado algunas operaciones de mineros ilegales que él mismo tuvo que sacar, según relata en su blog, y la presencia de estos mineros confirmaba el potencial geológico del área.

Link Revista MINERGIA: https://issuu.com/minergiaec/docs/minergia_08/12

LAW AND PRACTICE

1. General Structure of Mineral Ownership and Regulation

1.1 Ownership of Mineral Deposits

1.2 Regulation of Mining Industry

1.3 Administration of the Mining Industry

2. Required Authorisations and Permits

2.1 Requirements to Conduct Prospecting

2.2 Requirements to Conduct Exploration

2.3 Requirements to Conduct Mining

2.4 Environmental Requirements to Conduct Exploration and Mining

3. Duties and Rights Derived from a Mining Title or Concession

3.1 Rights Granted by Mining Title to Holder

3.2 Duties Acquired by Title Holder

3.3 Right Acquired by Title Holder

3.4 Duties Acquired Towards Landowners

3.5 Duties of Title Holder at End of Life

4. Environmental

4.1 Principal Environmental Laws

4.2 Bodies of Environmental Competence

4.3 Environmental Obligations

5. Miscellaneous

5.1 Special Rules or Taxes

5.2 Restricted or Excluded Zones

5.3 Rights of Indigenous or Ethic Communities

5.4 Unilateral Termination of a Mining Title

5.5 Taxes of Royalties

MINING 2018

See the link available online: 

https://practiceguides.chambersandpartners.com/practice-guides/mining-2018/ecuador

El silencio administrativo es una presunción legal [1]. Aquel efecto que la Ley otorga a la ausencia de la voluntad administrativa: positiva o negativa. Dicha presunción se vuelve en un imperativo necesario, dado que de no existir pronunciamiento, la Administración Pública podría escapar al control judicial de sus actuaciones con su inactividad. Esa fue la razón de su creación al instaurarse por primera ocasión en Francia, bajo la ley de 1900 [2].

En definitiva, la ley presume la voluntad administrativa, cuando existe ausencia de la misma, y por ende, se perfecciona un verdadero acto administrativo presunto, aceptando la petición efectuada por el particular y en otras ocasiones negando dicha pretensión por disposición de ley.

Carecería de sentido el derecho de petición consagrado en la Constitución (art. 66 numeral 26) si la Administración Pública no estuviere obligada a contestar dichas peticiones y de manera motivada. Por tanto la presunción legal denominada silencio administrativo garantiza el ejercicio de un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna.

Desde el punto de vista teórico, como dice García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, el silencio negativo no es en sí un acto presunto, sino la ausencia de él, que le faculta al interesado a acudir a la vía contencioso administrativa; en cambio el silencio positivo, sí es un acto administrativo presunto y con generación de efectos jurídicos que van más allá del ejercicio de derecho de tutela.

Ahora, bien, queda claro que para que el silencio administrativo sea efectivo, debe enmarcarse en la ley tal y como cualquier otro acto administrativo expreso. En mi criterio, tres son los elementos que debe tener para que se configure la presunción legal del silencio positivo:

i. Una petición incoada por un interesado a autoridad competente;
ii. Un derecho real o potencial del interesado que deba ser reconocido por acto administrativo (petición lícita y posible); y,
iii. La ausencia de pronunciamiento en el tiempo establecido por la ley para que se aplique la presunción legal.

En el Ecuador de manera tradicional, el silencio administrativo fue negativo, hecho que se modificó con la Ley de Modernización del Estado en 1994, pues incorporó la figura del silencio administrativo positivo sin duda inspirada en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas española de 26 de noviembre de 1992, modificada en 1999.

En la práctica el desafío fue hacer efectivo los derechos obtenidos a través del silencio administrativo. La ausencia de norma legal, provocó que la Corte Suprema genere a través de sus decisiones un sui géneris proceso de ejecución contencioso administrativo. La jurisprudencia ecuatoriana reconocía el derecho obtenido por cuenta de silencio administrativo como un derecho autónomo generado por la Ley, por lo que el juez debía limitarse a ejecutar dicho derecho y por tanto el proceso en sí no era uno de conocimiento sino de ejecución. No fueron pocos los problemas que generaron estos precedentes judiciales, el principal fue que su aplicación no era automática sino cuando se ejecutaba judicialmente.

El Código Orgánico Administrativo (“COA”) ha insertado importantes modificaciones a la institución del silencio administrativo en Ecuador, manteniendo su sentido positivo, entre las que destacamos las siguientes:

a. Término para que opere el silencio administrativo positivo de acuerdo al COA es de 30 días, versus los 15 días que se mencionaba en la Ley de Modernización del Estado;
b. Se reconoce un efecto automático al silencio administrativo positivo, en definitiva, no requiere de acto posterior por parte de la Administración Pública para que sea efectivo;
c. El COA reconoce la silencio administrativo positivo como un título de ejecución en los términos del COGEP y por ende, en caso de desatención o incumplimiento por parte de la Administración Pública el ciudadano quedaría habilitado para presentar una acción de ejecución ante el juez contencioso administrativo tal como se tratase de un acta de mediación, un acta transaccional o una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Para este efecto, únicamente será necesario el documento con la fe de presentación del pedido a la autoridad competente y una declaración juramentada de que, habiendo transcurrido el plazo legal, no se ha recibido respuesta alguna por parte de la Administración Pública;
d. El COA impide que la Administración Pública haga pronunciamientos posteriores respecto del pedido no atendido al ciudadano, excepto si ese pronunciamiento confirma el efecto positivo del silencio administrativo (Art. 207);
e. El COA indica que el silencio positivo, como acto administrativo tácito, no podrá ser efectivo únicamente si adolece de vicios insubsanables que provocan la nulidad de todo acto administrativo (Art. 105). Si el silencio administrativo adolece de vicios que son convalidables, y la Administración Pública cree que es inconveniente su aplicación, únicamente podría iniciar una acción de lesividad para dejarlo sin efecto.

El mismo COA reconoce determinadas excepciones para la aplicación del silencio administrativo positivo:

a. Dentro de las relaciones contractuales, pues en la contratación pública no existe el ejercicio de potestades legales sino el cumplimiento de obligaciones contractuales mutuas;
b. En los pedidos efectuados entre entidades públicas, ya que éstas no son titulares de derechos sino que ejercen atribuciones legales en prosecución de sus fines y competencias;
c. En las consultas en general, especialmente las de carácter vinculante; aún cuando es un tema controversial en donde caben otros criterios;
d. En procesos administrativos que imponen términos y efectos distintos;
e. De manera particular en los procesos regulados por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;
f. Dentro del recurso de Apelación cuando se pide suspensión de acto administrativo y si no contesta la autoridad se entiende que no ha sido suspendido (Art. 229 COA); y,
g. En el Recuso Extraordinario Revisión: i) si en 20 días no se pronuncia sobre la admisión, se entiende desestimado; y, ii) si se admitió pero no se resolvió en el plazo de un mes, se entiende desestimado.

Personalmente, mi opinión en favorable a las modificaciones incluidas en el COA para el silencio administrativo, aunque siempre restará observar el comportamiento de la Administración Pública y de los administrados para evaluar de manera objetiva las aplicación de estas normas.

[1] C.C. Art. 32.- Se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal.
Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley; a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias.

[2] Si en tres meses no había pronunciamiento de la Administración Pública se entendía que la petición había sido denegada y por tanto el ciudadano tenía posibilidad de recurrir judicialmente.