Blockchain no es sólo la tecnología que hizo posible la creación de criptomonedas o la que transformará radicalmente las operaciones relacionadas con cualquier valor susceptible de digitalización, incluyendo no sólo el registro sino también la ejecución automática de obligaciones derivadas de contratos, títulos de propiedad, encargos fiduciarios, compensación y liquidación de transacciones bursátiles, estatutos sociales, normas de gobierno corporativo, voto electrónico, historia clínica para medicina personalizada a través de sensores conectados a Internet, hasta planes de vuelo de aeronaves o itinerarios de drones o vehículos auto-conducidos.
Aunque esto ya es bastante, Blockchain es aun más, es una de las herramientas más potentes de que dispone la sociedad actualmente para organizarse políticamente sin autoridades centralizadas, especialmente dada la convergencia con otras tecnologías relacionadas con Big Data e Inteligencia Artificial.
Hay innumerables fuentes que explican en detalle el funcionamiento de Blockchain, para quien desee profundizar en sus aspectos técnicos; pero para entender las implicaciones de qué trata este artículo, basta recordar que en esencia es un registro distribuido de datos –lo que impide alterar un registro sin hacerlo simultáneamente en todos los archivos digitales, dispersos, anónimos e innumerables–, que se estructuran en bloques de operaciones matemáticas secuencialmente vinculados o encadenados, de modo de trazar y verificar la historia de un valor hasta su mismo origen, todo ello asegurado además mediante complejos algoritmos de cifrado.
La mayor belleza de este invento, sin embargo, a los efectos de estas notas, es que, por su arquitectura estructural, impone la ausencia, la imposibilidad incluso, de gestión, control o cualquier otra forma de dirección, sea por un gestor privado o por una autoridad pública, haciendo inmune el intercambio espontáneo de la sociedad a cualquier forma de supervisión, intervención o manipulación, la tentación irresistible de los reguladores, autoridades y gobiernos.
Se dirá que la autoridad, me refiero a la hipotética en Alicia en el País de las Maravillas, aporta alguna garantía. ¿Cómo se explica entonces que US$ 84 trillones es la suma de dinero total circulante en el mundo, incluyendo depósitos en la banca, si el total de billetes y monedas emitidos oficialmente es, sin embargo, US$ 31 trillones? Eso significa que el 63% del dinero total, correspondiente a denominaciones de moneda “emitida” por los bancos centrales o de reserva de los países, apareció como por arte de magia en los registros electrónicos de la banca sin su contrapartida.
Volvamos a la moneda, una de las más caras expresiones de la soberanía estatal que, sin embargo, hoy circula con poder liberatorio a través de múltiples criptomonedas que surgieron sin intervención, regulación, permiso o validación de ninguna autoridad política. Con independencia del crecimiento de la circulación de las criptomonedas, percibidas como una amenaza tanto por los reguladores públicos que ven como se evanescen esferas de acción de la iniciativa privada en la que estaban tan acostumbrados a meter las narices y las uñas, como por la banca tradicional que pierde un espacio de intermediación, estamos ya ante la prueba de un concepto: las personas sí pueden organizarse para darle vida a bienes jurídicos que antes dependían de un árbitro público, e incluso pueden incorporar algoritmos para causar efectos jurídicos de modo automático–-un pago, el traspaso de un registro, la liquidación de un valor, etc.—efectos cuya realización, en caso de infracción de una de las partes, hoy está en manos de jueces, árbitros o, en el mejor de los casos, de agentes fiduciarios.
Llegará el día en que en la República de Absurdistán –en este apelativo incluyo al 95% de la ciudadanía universal, pues solo 5% de la población mundial, según estudio de The Economist, vive en democracias plenas, entendidas así tanto por su organización política cuanto por la amplitud en el ejercicio de las libertades civiles- sustituyan los registros de papel de propiedades inmuebles, con sus firmas y sellos, todo tan susceptible a la adulteración, al deterioro o la voluntad del funcionario de turno, por registros digitales en plataformas Blockchain, y entonces no habrá necesidad de un certificado del registrador de la propiedad para probar la cadena de dominio o registrar el traspaso, ni de la intervención de un notario público para solemnizar una compraventa; entonces Juan podrá con un clic en un iPad mientras toma el sol a orillas del mar Caribe transferir la propiedad de un apartamento en Absurdistán a Jorge, quien ha podido verificar en su ordenador la autenticidad del registro.
Un proceso que toma varias semanas o meses y consume mucho dinero de los contribuyentes para financiar la operación de registros de la propiedad, catastros municipales, oficinas de cobro de impuestos y su corte de servidores auxiliares y tramitadores, habrá sido sustituido por uno que se concluye en segundos sin intermediación alguna de la autoridad pública o sus fedatarios. Incluso en el mismo acto electrónico de traspaso podrían incluirse instrucciones auto-ejecutables para los pagos necesarios, incluyendo la transferencia del precio y el valor de los tributos, de modo que con un clic se habrían consentido, perfeccionado y ejecutado varias operaciones que concluyen con una transferencia simultánea de dominio inmobiliario y dinero. El proceso de adquirir un inmueble será tan expedito como la compra de un libro electrónico en Amazon.com.
¡Alcaldes y aspirantes a serlo, háganlo, propónganlo!, va a suceder de todos modos. En Moscú, hogar original del creador de Ethereum, ya está en marcha un programa para cargar todos los títulos inmobiliarios en registros Blockchain.
Otro ejemplo de aplicación de Blockchain, entre tantos, con las variaciones propias de cada jurisdicción, es la institución de la licencia gubernamental, sea en forma de permiso previo, registro, catastro, autorización ex-post, auditorías y renovaciones, que condicionan infinidad de actos, desde la matriculación de un vehículo, la validez de un contrato, la aprobación de planos para una construcción civil, el registro de un producto comercial, la fundación de una entidad legal o compañía mercantil hasta la obtención o transferencia de una concesión minera.
Con independencia de que muchas de estas licencias no deberían existir en la medida en que someten a la bendición burocrática el ejercicio de libertades que deberían ejercerse sin restricción alguna, para los actos que requieran la conformidad con alguna norma o criterio para satisfacer el legítimo interés de otros miembros de la comunidad –no el capricho del regulador de turno-, la tecnología podría hacer toda la tarea. Un plano podría digitalizarse y cargarse en línea en un servidor configurado con los parámetros constructivos y detectar automáticamente desviaciones o inconsistencias. Pero si no las hay, la validación electrónica del plano, la licencia de construcción o cualquier otro permiso necesario se ejecutaría con la entrega de un token al constructor, verificable en su archivo Blockchain por cualquier promotor, inversionista o comprador del futuro edificio. No hace falta mencionar que en un sistema así desaparecerían los cuellos de botella burocráticos y la corrupción consiguiente.
Los ejemplos van hasta donde permite la imaginación, pues Blockchain es una tecnología que permite convertir a la Internet en una bóveda virtual de cualquier objeto de valor susceptible de ser digitalizado. Transforma una red de intercambio de información en una de generación, almacenamiento y circulación de valor. Pero, sobre todo, es una tecnología que hace posible la recuperación de la autonomía personal, hoy secuestrada por múltiples formas de intermediación y supervisión estatal, aunque para que lleguemos a este estado de emancipación de una ciudadanía en estado de minoría de edad, porque está sometida en aspectos cada vez más inverosímiles a la tutoría pública, habrá que enfrentar un desafío que es más cultural que tecnológico.
El Ministro de Hidrocarburos de Ecuador junto con otras autoridades del sector, visitaron Houston a inicios de octubre para promover nuevos proyectos y oportunidades de inversión en el sector hidrocarburífero del Ecuador. Estas oportunidades de inversión son tanto para la cadena de producción en upstream como en downstream.
Dentro de las noticias positivas para atraer a inversionistas para el desarrollo de este sector, que en los últimos 10 años de la Revolución Ciudadana ha estado limitado casi en su totalidad a la inversión pública, se encuentra el regreso a los contratos de participación en la producción, dejando de lado el fallido modelo de contrato de servicios que limitaba al inversionista a recibir una tarifa por barril producido.
Con el regreso a este modelo de participación bajo el cual el inversionista participa directamente en la producción total del Bloque y es pagado en petróleo crudo, el gobierno ecuatoriano manda una clara señal de apuesta hacia la inversión privada para aumentar la producción de crudo y estimular la exploración de los bloques del suroriente ecuatoriano. A continuación una breve descripción de los 4 proyectos de inversión que el Estado ecuatoriano se encuentra promoviendo:
Los denominados “Intracampos” se encuentran conformados por 8 Bloques que incluyen 13 campos, con reservas probadas de 157.3 MM bls de petróleo (907.5 MM bls de POES). Estos campos están localizados en el nororiente ecuatoriano, entre bloques que ya han sido desarrollados.
Para el desarrollo de estos campos, el Estado ecuatoriano espera una inversión total aproximada de 1.200 millones de dólares.
Se espera que la ronda sea lanzada a finales de noviembre/inicios de diciembre de 2017.
El suroriente ecuatoriano continúa siendo una región inexplorada, pero con un alto nivel de expectativa por las reservas que allí se puedan encontrar, especialmente al descubrimiento de dos reservorios en el Bloque 80 y al descubrimiento en el Bloque 64 de Perú (Situche Central) que se encuentra localizado en el área fronteriza entre Ecuador y Perú.
Tras la fallida Ronda Suroriente, llevada a cabo en 2013 bajo un modelo de contrato de servicios que asociaba el pago a una tarifa por barril producido, esta vez el Estado ecuatoriano ha planteado el desarrollo de estos bloques bajo el modelo de contrato de participación en la producción, un modelo de negocio atractivo para los inversionistas y para las compañías de petróleo pues, en caso de pasar a fase de desarrollo, además de recuperar la inversión pueden participar del upside.
Se espera que esta ronda sea lanzada el primer semestre del año 2018.
Este fue uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Rafael Correa, sin que se haya conseguido atraer inversionistas, principalmente por el alto monto de inversión requerido y la falta de claridad en el modelo de negocio propuesto.
Este proyecto se encuentra justificado en la limitada capacidad del sistema de refinación del Ecuador para cubrir la demanda interna de combustibles, forzando al Estado a realizar importaciones para cubrir la demanda interna.
El Gobierno actual ha manifestado que la inversión requerida para el desarrollo de esta obra será de 8.200 millones de dólares, es decir, casi la mitad de la inversión anticipada por el anterior gobierno.
Para el desarrollo de este proyecto el Estado busca inversión privada, sin que esté dispuesto a comprometer recursos públicos, y su nuevo y actual modelo de negocio propuesto para el desarrollo de esta obra contempla dos opciones: (1) el pago por parte del Estado de una tarifa por cada barril de crudo refinado por parte del inversionista, a través de un modelo BOT (bult-¬‐operate-¬‐ transfer); o, (2) el Estado vende el crudo al inversionista a precio internacional y se compromete a comprar los productos derivados producidos a precio internacional.
A diferencia del proyecto planteado por el Gobierno anterior, que buscaba refinar crudo importado de Venezuela, bajo el esquema actual el Gobierno propone refinar crudo producido en los Bloques denominados ITT (Ishpingo-¬‐Tiputini-¬‐Tambococha) del Oriente ecuatoriano. A la fecha, la producción del Tiputini es de 50.000 bpd, y el Estado busca aumentar esa producción en el corto plazo a 100.000 bdp. De igual forma, se espera poner a producir los campos Ishpingo y Tambococha en el corto plazo.
El Estado busca contar con una refinería que tenga una capacidad para procesar 300.000 barriles por día..
El terminal marítimo de Monteverde es una terminal de gas en la cual el Estado ha invertido aproximadamente 600 millones de dólares. El gobierno se encuentra interesado en encontrar un socio estratégico que invierta aproximadamente 300 millones de dólares para desarrollar un Centro Regional de Almacenamiento y Distribución, o directamente vender este proyecto para que sea desarrollado totalmente por inversionistas privados.
El atractivo para el desarrollo de este proyecto se basa en el déficit de almacenamiento de productos líquidos, como gasolina, químicos, etc, en la costa del Pacífico, que se convierte en una oportunidad para el desarrollo de un Centro Regional de Almacenamiento y Distribución, a través del uso de infraestructura ya existente, su ampliación y potenciamiento, tomando en consideración el posicionamiento estratégico del Ecuador.
El modelo de negocio planteado por el Estado para el desarrollo de este proyecto se encuentra abierto según el beneficio que reporte para el inversionista, sea a través de un modelo de concesión, un contrato de uso de la capacidad instalada en el terminal, o un joint venture.
Por Tobar Bernardo en CORPORATIVO, M&A , Noticias y Publicaciones
This Doing Business in Ecuador Guide has been prepared by TOBAR ZVS C.L.1, and is intended to provide with general information for the knowledge of potential investors interested in acquiring an existing business or before starting operations in Ecuador.
The information included in this Guide is not exhaustive, and any in‐depth and detailed information shall be consulted with experts.
Por ZVS Tobar en CORPORATIVO, M&A , Noticias y Publicaciones
En el Registro Oficial Suplemento 175 de 5 de febrero de 2018, se publicó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conoce sus principales efectos en el campo laboral-privado:
Por ZVS Tobar en CORPORATIVO, M&A , Noticias y Publicaciones
Este mes de mayo se cumple un año desde que el Estado ecuatoriano notificara a aquellos países con quienes mantenía tratados vigentes la denuncia de los Tratados Bilaterales de Protección y Promoción de Inversiones (“TBIs”). En consecuencia, aquellas inversiones extranjeras nuevas que se lleguen a ejecutar en el Ecuador ya no estarán amparadas, ni gozarán, de la protección que tales TBIs otorgaban a los nacionales de tales países. Por tanto, se hace oportuno realizar un análisis al régimen de protección que goza la inversión extranjera, y los inversionistas, bajo la legislación ecuatoriana.
De manera general y amplia las inversiones que se efectúen en el Ecuador se encuentran protegidas y amparadas por la Constitución de la República, cuando esta reconoce y garantiza el derecho a la propiedad, en todas sus formas. La Constitución no contempla excepción al derecho de propiedad, con lo cual se entiende que todas las inversiones, sin importar su categorización (extranjera, nacional, privada, etc.), se encuentran amparadas bajo este principio de protección.
De igual manera, a partir del mes de diciembre de 2010 se encuentra vigente el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (“COPCI”). El COPCI incluye una categorización de las inversiones, diferenciando entre (1) inversión productiva; (2) inversión nueva; (3) inversión extranjera; e, (4) inversión nacional. El efecto de esta categorización no es más que el definir los incentivos que aplican a la inversión nueva y a la inversión productiva.
Asimismo, el COPCI desarrolla la protección constitucional al derecho de propiedad cuando reconoce los principios que aplican a las inversiones y a los inversionistas. El primer principio que reconoce el COPCI es el de trato no discriminatorio, por el cual los inversionistas y sus inversiones tienen derecho a gozar de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones. Asimismo, a los inversionistas extranjeros se les reconoce la misma protección que reciben los inversionistas nacionales en territorio ecuatoriano. El segundo principio de fundamental importancia recogido en el COPCI es el de no arbitrariedad, por el cual se reconoce el derecho a que las inversiones no sean objeto de medidas arbitrarias ni discriminatorias. El tercer principio que reconoce el COPCI es el de propiedad y no confiscación, estableciendo una prohibición expresa a cualquier tipo de confiscación[1].
Con relación a la protección de las inversiones extranjeras, y como ha quedado señalado, a partir de mayo de 2017, Ecuador procedió a denunciar formalmente los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones que mantenía vigente con terceros Estados. Muchos de los TBIs contenían cláusulas de supervivencia por las cuales las inversiones extranjeras efectuadas hasta la fecha efectiva de terminación del TBI[2] se encontraban amparadas por los términos de tales acuerdos por un período adicional y determinado de tiempo[3]. En tal sentido, aquellas inversiones extranjeras realizadas al amparo de un determinado TBI y que fueren realizadas con anterioridad a la fecha efectiva de terminación del TBI, se encontrarían amparadas y protegidas por los términos del TBI que corresponda, por un período de tiempo adicional y determinado. Por otro lado, aquellas inversiones extranjeras realizadas con posterioridad a la fecha efectiva de terminación de un TBI ya no gozarán de la protección que tales tratados reconocían.
Una de las herramientas actuales de la que gozan los inversionistas, especialmente los inversionistas extranjeros, a fin de proteger sus inversiones en el Ecuador, son los contratos de inversión reconocidos por el COPCI (los “Contratos de Inversión”).
Bajo el COPCI y sus regulaciones, aquellos inversionistas (1) que ejecuten inversión nueva[4]; y, (2) y cuyo desembolso mínimo durante el primer año alcance los 250,000 USD, están autorizados para solicitar y suscribir con el Estado un Contrato de Inversión. El COPCI dispone que bajo los Contratos de Inversión se puede establecer: (a) los compromisos contractuales que sean necesarios para el desarrollo de la nueva inversión, es decir, los principios de protección y los derechos del inversionista; (b) la estabilidad sobre los incentivos tributarios que prevé el COPCI; y, (c) arbitraje nacional o internacional, en derecho, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones previstas en la propia norma.
A partir de la vigencia del COPCI los Contratos de Inversión suscritos por los inversionistas con el Estado, más que un instrumento de reconocimiento de derechos y protección de inversiones, han sido un instrumento a través del cual los inversionistas han buscado obtener la estabilidad sobre los incentivos tributarios, enfocándose casi en su totalidad en el capítulo de estabilidad tributaria y dejando de lado el capítulo de protección de inversiones.
En este momento en que la legislación ecuatoriana no cuenta con instrumentos de derecho internacional que desarrollen a mayor detalle los principios de protección de la inversión extranjera, y los derechos de los inversionistas extranjeros, como lo hacían los TBIs, y hasta que el Estado ecuatoriano no suscriba los denominados “Convenios Bilaterales de Inversiones”, los Contratos de Inversión se convierten en una herramienta importante y útil para que el inversionista extranjero pueda acordar con el Estado ecuatoriano un régimen especial de protección de inversiones, que incluya los principios generales que le aplicarán a su inversión, así como los derechos que le ampararán durante la ejecución de su proyecto en el Ecuador.
[1] La única excepción al derecho de no confiscación, y por tanto la única excepción, está dada para la expropiación de bienes inmuebles con el único propósito de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y bienestar colectivo; a través del debido proceso y previa valoración y pago de una indemnización justa y adecuada.
[2] Esta fecha en la mayoría de los casos es de 12 meses contados a partir de la notificación de la denuncia, con lo cual la fecha efectiva de terminación sería el 16 de mayo de 2018,; sin embargo, depende de los términos de cada TBI.
[3] Este período de tiempo usualmente es de 15 años; sin embargo, depende de los términos de cada TBI.
[4] El COPCI define a la inversión nueva como el flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital de la economía, mediante una inversión efectiva en activos productivos que permita (1) ampliar la capacidad productiva futura, (2) generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios; o (3) generar nuevas fuentes de trabajo.
Por Sevilla Álvaro en CORPORATIVO, M&A , Noticias y Publicaciones
